La mediática ocupación ilegal de un chalé en una exclusiva zona de A Coruña y la de otra vivienda en un barrio residencial de la misma ciudad vuelve a poner el foco sobre los okupas.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ha alertado sobre el asentamiento de un delito «que hasta ahora se veía en las grandes ciudades de otras comunidades» pero que en los últimos tiempos «ha llegado con fuerza». Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, en Galicia se han realizado 79 denuncias por ocupaciones ilegales en lo que va de año, un 33 % más que las efectuadas en los primeros siete meses del 2019.
Galicia se sitúa así como la comunidad con mayor incremento de denuncias respecto al año anterior, seguida de Murcia y Canarias, con un aumento del 19,7 y el 14,7 %. A pesar de este aumento de los casos, hay otras once comunidades autónomas en las que se registraron más delitos en lo que va del 2020. Si se compara con el número de ocupaciones ilegales detectadas por cada 100.000 habitantes, Galicia es tercera por la cola, superando en solo un punto a Asturias (1,95) y La Rioja (1,89).
La mitad de las denuncias por presuntos delitos de usurpación de vivienda se concentran en Cataluña, con 3.611 casos, unos 500 más que hace un año. Desde el año 2015, las ocupaciones se incrementaron allí en un 69,3 %, cuatro puntos más que en Galicia. La mayoría se observaron en Barcelona: casi ocho de cada diez denuncias en la comunidad partieron el año pasado desde esta provincia. La proporción en estos últimos siete meses ha sido similar, y tanto la provincia como la comunidad han sufrido un nuevo incremento en el número de casos.
Tras Cataluña aparecen Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, siguiendo un orden coherente con su número de habitantes. Si se considera esta variable,