El Ministerio del Interior ha unificado los criterios de actuación frente a la ‘okupación’ tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los policías que elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, dejarán constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.
Así consta en la instrucción con el ‘Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles’ que ha firmado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y que ayer avanzó en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según explican fuentes de Interior, el protocolo recoge “pautas sencillas y directas” para las actuaciones operativas de policías, en respuesta a la reciente Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado instando a que se agilicen las medidas cautelares para proceder al desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada.
Para ello será fundamental que la fuerza actuante elabore atestados lo más completo posible y que incorporen testimonios in situ de vecinos o pruebas como fotografías o vídeos de una puerta forzada. También se pedirá una inspección ocular en la finca con detalle y anotar posibles delitos conexos como coacciones y amenazas a vecinos, así como otras irregularidades como apropiarse de luz y agua ajena. El objetivo es limitar la necesidad de aclaraciones posteriores a requerimiento de fiscales y jueces.
Las citadas fuentes entienden que los agentes, a partir de ahora, serán “más proactivos sin descuidar el cumplimiento de la ley o generar otras injusticias”. Desde Interior no creen que haga falta un cambio legislativo para actuar contra la “percepción subjetiva de inseguridad” que rodea a la ‘okupación’ –ha crecido un 5% en el primer semestre de 2020, pero baja si se compara con el dato anual– y que lo que se hace ahora es “generar seguridad y eficacia a la actuación policial unificando criterios en toda España”.